Permite integrar la perspectiva climática a la planificación de las finanzas públicas, interiorizando los costos que puede tener para el país. Contribuye a la toma de decisiones con información certera y clara, para asegurar financiamiento sostenible en el tiempo para una implementación más eficiente de proyectos y políticas públicas vinculadas a la respuesta al cambio climático. Para medirlo es necesario identificar las actividades e iniciativas relacionadas a cambio climático en el presupuesto nacional.