¿Chile tiene una taxonomía medioambientalmente sostenible?

Sí. Chile publicó oficialmente su Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles en mayo de 2025 y, con ello, se sumó al grupo de más de 50 jurisdicciones que han desarrollado marcos similares a nivel global. Esta herramienta busca orientar las decisiones de inversión pública y privada, mejorar la transparencia además de facilitar la alineación del sector financiero y productivo con los objetivos ambientales del país.

La taxonomía chilena fue desarrollada en el marco de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes con apoyo de organismos multilaterales y amplia participación de actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil. Su diseño se ejecutó en línea con estándares internacionales y fue adaptada a la realidad económica y ambiental nacional.

Su estructura se basa en cinco elementos principales:

  1. La Taxonomía cuenta con seis Objetivos Medioambientales. No existe priorización entre ellos, pese a que su desarrollo es gradual según la disponibilidad de información.
  2. Las actividades económicas se definieron a partir de un análisis comparado con otros modelos y se consideró su actual o potencial contribución a los Objetivos Medioambientales y relevancia dentro del PIB. Estas actividades se ordenan bajo nueve sectores económicos, correspondientes a un subconjunto del nivel superior de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU). 
  3. Las actividades económicas cumplen con tres Reglas Mínimas -definidas por Criterios Técnicos de Selección–, para ser consideradas “medioambientalmente sostenibles”: 1) contribución sustancial 2) no hacer daño significativamente; y 3) cumplir con Salvaguardas Mínimas Sociales.
  4. El desarrollo de la Taxonomía contó con una gobernanza de tres niveles: Directivo, Coordinador y Técnico. Y su elaboración consideró la participación de diversos actores, públicos, privados, organismos multilaterales, académicos y sociedad civil. 
  5. Se desarrolló con un marco de implementación que permite legitimar la herramienta, guiar y hacer factible su uso por parte de las entidades que lo requieran.

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