Tras el ingreso del último paquete de indicaciones ayer por parte del Ejecutivo, la Comisión de Hacienda del Senado inició la votación en particular del proyecto de Royalty a la Gran Minería, iniciativa que, entre otros aspectos, modifica los impuestos que pagan las mayores empresas del sector y establece la distribución de recursos por US$ 450 millones a Gobiernos Regionales y Municipios en todo el país.

En la sesión de hoy, los parlamentarios integrantes (Ricardo Lagos Weber, Daniel Núñez, José García Ruminot, José Miguel Insulza y Juan Antonio Coloma) votaron a favor los incisos 1° y 2° del Artículo Primero, que establecen la creación del impuesto específico y las definiciones de aquellos aspectos que se considerarán para su cálculo: explotador minero, producto minero, ventas, ingresos operacionales mineros, renta imponible operacional minera ajustada (RIOMA) y margen operacional minero. Según lo señalado por el senador Lagos Weber, presidente de la instancia, el resto de los artículos se discutirán y votarán durante la semana del 8 de mayo.

Previo a la votación, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que “se cumplió con lo comprometido en relación a introducir indicaciones en torno a seis temas informados en la sesión de la semana pasada relacionados con la obligación de informar los estados financieros por parte de las empresas mineras a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); la inclusión de los gastos de organización y puesta en marcha de una inversión como costo para el cálculo de la RIOMA; los incentivos a la expansión de proyectos mineros; la extensión a diez años de compromiso de aportes a regiones y comunas; la condición que establece una carga tributaria potencial máxima de entre 45,5% y 47% dependiendo del volumen de ventas; y la revisión de tasas para la mediana minería”.

Y agregó que las principales modificaciones están contenidas en los artículos del proyecto que deberían votarse en las próximas semanas que, entre otros aspectos, fijan la escala de tasas para aplicar el royalty en función del margen operacional de las empresas mineras que produzcan cobre en una cantidad mayor a 50 mil toneladas métricas de cobre fino, las que fluctuarán entre un 8% y un 26%. Para el cálculo de margen operacional se permite descontar los gastos propios de la faena productiva, insumos y la depreciación.

Además, se establece un impuesto ad valorem de tasa plana de 1% para la Gran Minería del cobre cuya explotación supere las 50 mil toneladas métricas de cobre fino, excluyendo a la mediana minería. En caso de que el margen operacional sea negativo, no procederá el pago de este gravamen.

Según lo informado la semana pasada por la autoridad, la recaudación del proyecto con las últimas modificaciones sería de 0,47% del PIB en régimen, con ingresos fiscales netos, excluyendo los aportes a los gobiernos subnacionales, serían del orden de 0,18% del Producto.

La iniciativa también establece que una parte de la recaudación esperada equivalente a US$ 450 millones se invertirán en aumentar las capacidades financieras y de gestión de los gobiernos regionales y municipios de todo Chile, a través de tres mecanismos:

• Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones a beneficio de los Gobiernos Regionales que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

• Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$ 170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total, más de 302 municipios recibirán recursos por esta vía.

• Fondo Comunas Mineras, por US$ 55 millones, para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros. En total son 31 comunas beneficiadas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.