Por unanimidad, la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó en general el proyecto de Ley de Inteligencia Económica Contra el Delito, iniciativa que busca crear un subsistema de inteligencia económica cuyo fin es perseguir la ruta del dinero ilícito, mejorando la coordinación entre instituciones y fortaleciendo sus atribuciones. Ahora el articulado será revisado en general por la Sala de la Cámara Alta. 

Durante la sesión, el Ejecutivo llegó a un acuerdo con los senadores para consensuar indicaciones y que de esa forma el proyecto pueda salir fortalecido; y, además, se acordó separar del proyecto lo relacionado con la iniciación de actividades obligatoria para importaciones masivas, lo que se está tramitando en una iniciativa aparte. 

“Hoy día el proyecto de Inteligencia Económica contra el crimen organizado tuvo un paso importante porque se aprobó en general en la Comisión de Seguridad, se aprobó por unanimidad, e iría la próxima semana la Sala del Senado. A partir de ahí se define el plazo para indicaciones. Se acordó un procedimiento para dar tratar de consensuar indicaciones con los integrantes de la Comisión. Así que afortunadamente este proyecto que estuvo detenido mucho tiempo, ahora reinicia su tramitación”, indicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, al mismo tiempo que valoró los acuerdos alcanzados. 

El subsistema antes mencionado estará compuesto por la Unidad de Análisis Financiero y las Unidades de Inteligencia del Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos, cuyos integrantes podrán intercambiar información y requerir antecedentes entre sí y a otros organismos públicos. Si la información intercambiada tiene carácter de secreta o reservada, se mantendrá dicho carácter sin perjuicio de su traspaso o intercambio. 

Estas Unidades se alimentarán de la información que se levante al interior del mismo Servicio o que soliciten a otros órganos públicos y derivará en informes secretos que se remitirán al Director o Directora respectiva, a la Unidad de Análisis Financiero, y a la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, cuando corresponda. Los funcionarios de estas Unidades de Inteligencia estarán sujetos a estándares estrictos de probidad y deberán mantener el secreto de los antecedentes y documentos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones, con sanciones gravosas en caso de incumplimiento.

En su exposición, Marcel señaló que respecto del “mal uso de la información, una característica de este proyecto es que mientras otorga a estas Unidades de inteligencia mayores facultades respecto de lo que tiene el resto de los funcionarios del Servicio -que solo se dedican al tema de fiscalización tributaria- en este caso, junto con tener más facultades, también tienen más responsabilidades y más obligaciones y más sanciones”.

El fin último de esta coordinación es recolectar y analizar información sobre actividades relacionados a distintos tipos de delitos, por ejemplo, tributarios, aduaneros, económicos, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos sobre control de armas, o delitos vinculados al crimen organizado, incluyendo el de tráfico de estupefacientes y sicotrópicos y organización delictiva o criminal, a fin de alertar y/o colaborar con el Ministerio Público y el Sistema de Inteligencia del Estado, entre otros.

Ejes centrales del proyecto

La iniciativa tiene 3 ejes centrales: fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica, la detección temprana de operaciones económicas sospechosas y la mejora de facultades intrusivas y sancionatorias. 

Dentro de las atribuciones y avances que propone el proyecto está el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero ampliando su objeto para que pueda levantar alertas asociadas a delitos de crimen organizado, además del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, se le habilita el acceso a la información protegida por secreto bancario sin autorización judicial cuando los antecedentes sean necesarios para el análisis de una operación reportada previamente como sospechosa.

Entre otros ajustes, respecto al Servicio de Impuestos Internos, se establecen sistemas obligatorios de trazabilidad para rubros que sean de difícil fiscalización o se relacionen al crimen organizado; y se establecen limitaciones a la operación como Usuarios de Zona Franca a personas con antecedentes penales en el caso del Servicio Nacional de Aduanas.

El mayor gasto fiscal alcanzaría los $1.481 millones en el primer año de aplicación, para subir a $1.200 millones durante el segundo año y en régimen. Estos montos se destinarán fundamentalmente a la contratación de personal y la inversión en sistema informático de conectividad.