Con el objetivo de seguir mejorando la eficiencia en el uso de los recursos públicos, la Dirección de Presupuestos (Dipres) lideró la instalación de un sistema de revisiones del gasto permanente, para permitir un análisis en profundidad del gasto público con el fin de detectar ganancias de eficiencia y oportunidades para reasignar gasto considerado de baja prioridad.

Las revisiones del gasto son una práctica extendida en los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y los países que tienen estos sistemas consolidados cuentan con un comité directivo, similar al sistema que se acaba de instalar en Chile. Este comité es el responsable de darle viabilidad al ciclo de las revisiones de gasto, desde su selección e implementación hasta el monitoreo de la consolidación de los potenciales ahorros detectados.

Al instalar el nuevo sistema la Dipres está cumpliendo una recomendación que la OCDE realizó a Chile en 2023, como parte del debate del Pacto Fiscal por el Crecimiento, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, cuando concluyó que implementar un sistema de revisiones del gasto permitiría al país ahorrar entre un 0,11% y un 0,13% del PIB en el mediano y largo plazo. 

El nuevo sistema se conformó al alero del comité interministerial que cada año define qué programas públicos se someterán a evaluaciones, y se encarga de dar   directrices a estas evaluaciones. El comité está integrado por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuestos, por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, más el apoyo técnico de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP). 

La directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, resaltó que “con la instalación de este nuevo sistema como país nos estamos poniendo al día con las recomendaciones internacionales y nos estamos sumando a 27 países de la OCDE que han adoptado revisiones permanentes del gasto. Este nuevo esfuerzo nos está permitiendo identificar recursos que se podrían estar utilizando mejor, nos entrega insumos al momento de formular la Ley de Presupuestos y nos permite realizar recomendaciones concretas a los servicios públicos para que los recursos se usen de la mejor manera posible y donde más se necesitan”. 

La subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, destacó que “ser responsables con el uso de cada peso público es fundamental para cuidar la institucionalidad. Sumarnos a estas revisiones, que son habituales en países de la OCDE, sirven para tener claridad de si hay una potencialidad de ahorro relevante en gasto corriente, que luego permita financiar otras acciones del Estado. Para enfrentar las resistencias, es importante sumar a todas las partes a esta revisión, para que se comprenda el objetivo y se valoren sus beneficios”.

Finalmente, el presidente de la CNEP, Raphael Bergoeing, indicó que “la evaluación de gasto es fundamental no solo para ampliar la medición de impacto de las políticas públicas en Chile, sino también porque enfrentamos enormes desafíos hacia adelante, tanto en materia social como en la necesidad de ampliar y mejorar la provisión de bienes públicos”.

Primeros resultados

En la instancia, la directora de Presupuestos presentó al comité los resultados de la primera revisión del gasto realizada por la Dipres, con la que además se inauguró una nueva “Serie de Estudios de Productividad Fiscal”. El estudio se titula “Eficiencia en compras públicas: Convenios Marco en Mercado Público” y, basándose en el trabajo realizado por académicos de las universidades de Chile, Católica y Berkeley el 2022, se analizó el eventual sobregasto en compras públicas realizadas por instituciones del Gobierno Central a través de la plataforma Mercado Público durante 2022 y 2023, específicamente en 12 convenios marco, o categorías de bienes y servicios altamente estandarizados. 

Para llevar a cabo el estudio se analizó la situación de 172 servicios públicos y las compras que realizaron utilizando los 12 convenios marco entre 2022 y 2023. El análisis no levantó alertas respecto de las compras realizadas por 144 reparticiones, que en su mayoría optaron por el bien que ofrecía el precio de menor valor. Sin embargo, también se identificó un sobregasto –entendido como la diferencia entre lo que efectivamente se pagó y el menor precio disponible para el mismo bien o servicio- equivalente a $10.615 millones en el período. Esto representa el 3,6% del total del gasto efectuado en 2022 y 2023 por los 12 convenios marco analizados por instituciones del Gobierno Central. Cabe recordar que estos 28 servicios restantes equivalen a un 16,3% de la muestra y concentran el 91,2% del sobregasto.  

Además, se observa que el sobregasto se concentra casi exclusivamente en cuatro convenios marco: alimentos; artículos de aseo e higiene; productos de ferretería y servicios complementarios; y artículos de escritorio y papelería.  

En ambos años se observa que el sobregasto aumenta hacia el segundo semestre. Esto podría deberse a que algunos servicios públicos que registran una baja ejecución presupuestaria durante los primeros meses aceleran el gasto hacia final del año -para así lograr una alta ejecución presupuestaria-, generando un alza del sobregasto relativo en este período. 
 
A partir del estudio se efectuaron diversas recomendaciones. Por un lado, se propuso realizar un esfuerzo costo-efectivo en la revisión del sobregasto detectado. En esta línea, en octubre del 2024 se envió mediante oficio un reporte a cada uno de estos 28 servicios, entregándoles las principales estadísticas descriptivas que caracterizan su sobregasto, con el objetivo de que puedan mejorar su gestión de compras. 

En segundo lugar, se sugirió generar incentivos a no ejecutar recursos innecesariamente y disminuir el sobregasto. El estudio recomienda utilizar esta información como insumo en el proceso de formulación presupuestaria –algo que ya se hizo para la elaboración de la Ley de Presupuestos 2025-, de manera que se tenga presente cuáles son los servicios con un mayor sobregasto relativo al momento de considerar sus solicitudes de recursos.