Con presencia del ministro de Hacienda Mario Marcel, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner y el ministro de Justicia, Luis Cordero, la Comisión de Seguridad Pública del Senado inició este martes la tramitación del proyecto de ley de Inteligencia Económica Contra el Delito. 

Esta iniciativa es parte de la agenda del Gobierno en materia de seguridad y crea un Subsistema de Inteligencia Económica, además establece otras medidas para la prevención, detección temprana y alerta de operaciones sospechosas y de actividades que digan relación con el crimen organizado.

El proyecto apunta a perseguir la ruta del dinero ilícito mejorando la coordinación entre instituciones del Estado, junto a más inteligencia, más información, y trazabilidad de operaciones sospechosas. El ministro Marcel recordó que esta propuesta cumple con temas de la agenda de seguridad acordada entre el Congreso y el Ejecutivo en abril del 2023: "Se fundieron dos iniciativas en este proyecto: generar una Inteligencia financiera para perseguir el delito, la creación de capacidad especializada en impuestos internos, en la Unidad de Análisis Financiero y Servicio Nacional de Aduanas y levantamiento secreto bancario a favor de la UAF para la investigación y persecución del Crimen organizado; y otro, para establecer la obligatoriedad de iniciación de actividades para personas que operan en el comercio exterior".

Este subsistema estará compuesto por la Unidad de Análisis Financiero y las Unidades de Inteligencia del Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos, que crea este proyecto. Los

integrantes de este Subsistema podrán intercambiar información y requerir antecedentes entre sí y a otros organismos públicos. Si la información intercambiada tiene carácter de secreta o reservada, se mantendrá dicho carácter sin perjuicio de su traspaso o intercambio. "En particular, se busca facilitar la persecución de la ruta del dinero a través del uso de la inteligencia económica, aprovechando mejor la información en la que acceden los servicios públicos y también se busca complementar otras legislaciones en materia de crimen organizado, como la Ley antinarco y el proyecto sobre contrabando de dinero", manifestó el ministro Marcel.

Estas Unidades se alimentarán de la información que se levante al interior del mismo Servicio o que soliciten a otros órganos públicos y derivará en informes secretos que se remitirán al Director o Directora respectiva, a la Unidad de Análisis Financiero, y a la Agencia Nacional de Inteligencia Civil, cuando corresponda. Los funcionarios de estas Unidades de Inteligencia estarán sujetos a estándares estrictos de probidad y deberán mantener el estricto secreto de los antecedentes y documentos de que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

El fin último de esta articulación es recolectar y analizar información sobre actividades relacionados a distintos tipos de delitos, por ejemplo, tributarios, aduaneros, económicos, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, delitos sobre control de armas, o delitos vinculados al crimen organizado, incluyendo el de tráfico de estupefacientes y sicotrópicos y organización delictiva o criminal, a fin de alertar y/o colaborar con el Ministerio Público y el Sistema de Inteligencia del Estado, entre otros.

"Lo que lo que se busca, es que dado los volúmenes y el detalle de la información tributaria y aduanera, se puedan detectar anomalías a través de metodologías especiales para ese efecto, que entreguen indicios sobre actividad de crimen organizado y luego éstas se puedan compartir y se puedan profundizar a efectos de identificar o detectar la existencia de algún comportamiento de este tipo", detalló la autoridad.

Ejes centrales del proyecto

La iniciativa tiene 3 ejes centrales: fortalecimiento del ecosistema de inteligencia económica, la detección temprana de operaciones económicas sospechosas y la mejora de facultades intrusivas y sancionatorias. 

Dentro de las atribuciones y avances que propone el proyecto está el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero agregando el delito de crimen organizado a las alertas ya contempladas en torno a lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, se le habilita el acceso a la información protegida por secreto bancario sin autorización judicial cuando los antecedentes sean necesarios y conduzcan al análisis de una operación sospechosa.

Entre otros ajustes, respecto al Servicio de Impuestos Internos, se establecen sistemas obligatorios de trazabilidad para rubros que, por ejemplo, sean de difícil fiscalización o se relacionen al crimen organizado; y se establecen limitaciones a la operación como Usuarios de Zona Franca a personas con antecedentes penales en el caso del Servicio Nacional de Aduanas.

También se contemplan más sanciones, especificó el ministro Marcel: "en materia Tributaria, se autorizan sanciones graves para quienes trasladen bienes de manera ilegal, ya sea porque esta mercancía no haya cumplido con las exigencias legales relativas a la declaración y pago de impuesto o se trate de bienes falsos o cuya comercialización se encuentra prohibida. Este tema, ya se legisló para un caso particular, es el caso del transporte de madera robada, pero situaciones como esta se dan también para otro tipo de robos donde operan organizaciones, como es el caso del robo de cobre, el robo de salmones y también para el traslado de mercadería falsificada".

Finalmente, el ministro Marcel explicó los costos fiscales de este proyecto y afirmó que el mayor gasto alcanzaría los $1.481 millones en el primer año de aplicación, para subir a $1.200 millones durante el segundo año y en régimen. Estos montos se destinarán fundamentalmente a la contratación de personal y la inversión en sistema informático de conectividad.