El ministro de Hacienda, Mario Marcel Cullell, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez Fariña, solicitaron a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados explicar la estructura presupuestaria de los Gobiernos Regionales y los cambios que se hicieron en la Ley de Presupuestos 2023 en las glosas sobre esta materia. Esto, con el fin de aclarar informaciones que han circulado en las últimas semanas respecto de los cambios introducidos en esa ley.  

Hoy se realizaron sendas reuniones con estas instancias legislativas, oportunidad en que las autoridades explicaron que, durante el año pasado, la Dirección de Presupuestos (Dipres) diagnosticó que las glosas que regulaban el traspaso de recursos a los Gobiernos Regionales incluidas en Ley de Presupuestos 2022 –elaborada en 2021- llevaba a una tardía ejecución presupuestaria e incentivaba las transferencias a instituciones privadas sin fines de lucro.  

“Aunque la Ley de Presupuesto de 2022 redujo sustancialmente los cuadros del presupuesto que existían para cada una de las regiones, en lugar de 30 cuadros pasamos a tener dos, pasamos a tener 22 páginas de glosas. ¿Cuál fue el efecto de esto? El efecto fue que se pasó a depender de convenios y de una serie de procedimientos administrativos que, sumados al hecho de que los Gobiernos Regionales no tenían capacidad ejecutora, llevó a que la ejecución de los presupuestos de los Gobiernos Regionales se retrasara significativamente”, señaló el ministro Marcel. Esto se traduce en que los Gobiernos Regionales ejecutaron el 34% de sus presupuestos en promedio en diciembre.  

Por ello se propusieron modificaciones en el proyecto de ley de Presupuestos de 2023 -el primero de esta administración y actualmente vigente- que fueron refrendadas por el Congreso en la tramitación legislativa. Estos cambios se tradujeron en la creación de una partida presupuestaria y en modificaciones de glosas, para equiparar la regulación de los Gobiernos Regionales a la del Gobierno Central.  

La directora de Presupuestos destacó que “también se fortaleció la capacidad ejecutora de los Gobiernos Regionales y se fomentó la ejecución con instituciones públicas por sobre privadas. Esto último ha mostrado resultados: en el primer semestre de 2022 el 44,1% de las transferencias de Gobiernos Regionales fueron a instituciones privadas, y al mismo período de este año, estos traspasos se redujeron a menos de un 20% del total”.  

“Ese 20% es menos de la mitad de lo que había al mismo período (enero-junio) el año pasado (…) Si se hubieran reducido las exigencias, habríamos tenido un aumento o habríamos tenido lo mismo. No la tercera parte”, resaltó el ministro. 

Gráfico: Transferencias de capital ejecutadas a través de convenios con Instituciones privadas sin fines de lucro 

Además, se amplió la exigencia de utilizar mecanismos concursables en la asignación de recursos y se robusteció la regulación de la asignación directa, incorporando requisitos mínimos como la definición clara y detallada de la actividad a desarrollar, rendición de cuentas, coherencia con las políticas del nivel central y contar con aprobación del Consejo Regional.  

Detallados estos cambios, el ministro Marcel descartó que en el Presupuesto 2023 se haya flexibilizado las transferencias a las entidades privadas. “En la Ley de Presupuesto de 2023 no se redujeron los estándares para los convenios para transferencias a instituciones privadas sin fines de lucro. No se redujeron las exigencias”, afirmó. 

Según los antecedentes públicos manejados a la fecha, la mayor parte de los convenios que investiga el Ministerio Público corresponden al año 2022. Por ejemplo, 20 son transferencias de Gobiernos Regionales a instituciones privadas, y de ellas 18 son del Presupuesto 2022 y dos del Erario 2023. 

Detalle de las modificaciones 

En la Ley de Presupuestos 2023 se fortaleció la capacidad ejecutora propia de los Gobiernos Regionales (glosa 04) para que ellos mismos pudiesen llevar a cabo programas, además de incentivar la transferencia a entidades públicas por sobre a entidades privadas sin fines de lucro. Esto llevó a modificar la forma en que se registran los recursos transferidos, asimilándose al sistema del Gobierno Central. No obstante, se mantuvo la regla general de que las transferencias se dan por ejecutadas una vez hechas, tal como se ha realizado históricamente, sin ser una modificación de la actual administración. 

Siguiendo la misma línea, a solicitud de los Gobiernos Regionales, se les posibilitó ejecutar proyectos acotados -como la mantención de parques y sanitización de espacios públicos- con instituciones privadas sin fines de lucro (glosa 3.3), con el objetivo de homologar las operaciones de los Gobiernos Regionales con el Gobierno Central. 

Por otro lado, en la Ley de Presupuestos 2022 se facilitaba la asignación directa de recursos, lo que fue corregido en la Ley de Presupuestos 2023 con el objetivo de aumentar la concursabilidad y robustecer la regulación de las asignaciones directas (glosa 3.1). Sumado a esto, en el Presupuesto 2023 se indica que los gobiernos regionales no podrían transferir recursos a fundaciones con menos de dos años de experiencia, sin realizar concurso público (artículo 23 de la Ley de Presupuestos). Ello, a diferencia de lo que sucedía en el ejercicio anterior: “en la Ley de Presupuesto de 2022 no había exigencia de antigüedad de dos años para los convenios con instituciones privada sin fines de lucro a través de asignaciones directas. Por lo tanto, no es sorprendente que se hicieran convenios con instituciones privadas sin fines de lucro que no tenían antigüedad, porque esa norma del presupuesto del 2022 lo permitía y más encima lo permitía para las asignaciones directas” acotó el ministro. 

Además, en dos glosas (7.1 y 7.2) se incluyó como requisito que la Contraloría General de la República tomara razón de los convenios, lo que significa un control adicional en la asignación de recursos de los Gobiernos Regionales.  

Hacia adelante  

La directora Javiera Martínez Fariña recalcó que “el Ministerio de Hacienda y la Dipres estamos trabajando para fortalecer la regulación sobre transferencias de recursos públicos a instituciones privadas sin fines de lucro. Esto se traduce, por ejemplo, en que el proyecto de ley de Presupuestos 2024 que estamos formulando en estos momentos está considerando mejoras que permitan velar porque los recursos se ejecuten de manera eficiente, segura y transparente”.  

Adelantó que se seguirán reduciendo glosas presupuestarias que establecen excepciones a las normas generales. También se ampliará la exigencia de concurso público a todas las transferencias a instituciones privadas (actualmente solo se requiere para las transferencias corrientes), se aumentará la exigencia de antigüedad de las instituciones, exigir la rendición de cuentas usando la plataforma de la Contraloría, entre otras acciones.  

Adicionalmente, con el objetivo de fijar el marco institucional permanente para los Gobiernos Regionales, en abril de este año se presentó al Congreso el proyecto de ley Regiones Más Fuertes, que está en discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas. Aquí se establecen requerimientos de auditoría externa, calificación de riesgo y rendición de cuentas con estándares muy superiores a los actuales, se fortalecen las facultades del Consejo Regional, tanto para la autorización como para la fiscalización de la gestión financiera del Gobierno Regional, entre otras atribuciones para avanzar en fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.   

“Hay que llamar la atención de que estas normas hoy no existen ni para los Gobiernos Regionales ni para las instituciones del Gobierno Central, ni para los municipios. Se está haciendo mucho más estricta y exigente la rendición de cuentas de los Gobiernos Regionales. Probablemente hay cosas que tenemos con seguridad que pulir. Todo esto es factible de mejorarse, pero lo que no se podría decir, a la luz de lo que está propuesto, es que ese proyecto sería un ‘cheque en blanco’ para los Gobiernos Regionales” remarcó el ministro Marcel.