Tras el despacho del proyecto de Ley de Reforma de Pensiones desde la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, este miércoles el ministro de Hacienda, Mario Marcel, expuso los contenidos de la iniciativa ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, donde reafirmó la sostenibilidad fiscal de la iniciativa. A la instancia también asistieron la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara; la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos; y asesores de las carteras. 

El ministro Marcel inició abordando los contenidos de la reforma, sus antecedentes generales y objetivos, y posteriormente dio paso a la explicación de los efectos financieros y fiscales del proyecto, centrados en el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), el aumento de la tasa de cotización y los gastos operacionales asociados. 

En su presentación, el secretario de Estado dio cuenta de las oportunidades que contiene esta reforma: "Lo que tenemos en este caso es una oportunidad de una reforma que tenemos que compararla con los costos de no hacer nada. Y los riesgos de no hacer nada significan trasladar toda la presión de mayores pensiones hacia la PGU. Al ser contributivo, la reforma mitiga la presión sobre la PGU y permite dar una solución concreta y material a un universo de 2,8 millones de personas en el corto plazo. Hay un diseño financiero, operacional, que muestra que este es un diseño robusto, con riesgos fiscales que se mantienen acotados y con mecanismos para monitorear y corregir desviaciones de manera oportuna, agregándole resiliencia al sistema de pensiones. Y finalmente, es una reforma procrecimiento en el sentido de que estimula el ahorro y la profundidad del mercado de capitales, que son dos elementos que necesitamos para crecer en el largo plazo".

Respecto del aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), dada la gradualidad de la propuesta, en el año 2025 existirá un total de 435.640 personas beneficiarias, y desde octubre de 2027 2,6 millones de pensiones recibirán este beneficio reajustado. El efecto fiscal de la reforma asociado a PGU en su primer año asciende a $76.086 millones, aproximadamente 0,02% del PIB, mientras que en régimen la reforma produce un incremento del gasto de aproximadamente 0,3 puntos del PIB, equivalente a $1.070.217 millones. 

El proyecto también contempla una cotización de cargo del empleador de 8,5%, de los cuales un 7% es adicional, por cuanto el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia ya es parte de las cotizaciones que actualmente pagan los empleadores, con una gradualidad de 9 años. Para el fisco, como empleador, tendrá un costo de $34.324 millones en 2025, y superior a los $740.000 millones en 2034. Aunque en ese año, incluyendo la menor recaudación por la disminución del encaje, el gasto fiscal llegaría a $4.200 mil millones. 

En cuanto al mayor gasto fiscal que supone la institucionalidad pública asociada -principalmente por el reforzamiento del IPS y la Superintendencia de Pensiones producto de las nuevas funciones que se les atribuye- esta tendrá un costo de $29.000 millones en régimen, aproximadamente desde el año 2028. 

Con esos antecedentes, el ministro Marcel explicó que el costo fiscal total de la Reforma asciende a aproximadamente $126.699 millones en el año 2025; y en 2040, sería de $4.723 mil millones. 

El proyecto de ley contempla la creación del Fondo Autónomo de Protección Previsional para el financiamiento de las prestaciones del Seguro Social Previsional. El Fondo será un organismo público autónomo, de carácter técnico, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y contará con un Consejo Directivo cuyo mandato consistirá en administrar la gestión e inversión de los recursos del Fondo Autónomo de Protección Previsional. También podrá modificar los montos de los beneficios por años cotizados considerando informes actuariales. Tanto sus gastos de operación como el costo por la administración de carteras de inversión podrán ser descontados del Fondo, por lo que la creación de este nuevo órgano no irrogará un mayor gasto fiscal en régimen.

Se utilizan tres fuentes para el financiamiento del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP): primero, el préstamo desde el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) de US$900 millones, que se devolverá en un plazo de 20 años. Segundo, el financiamiento a través de puntos de cotización adicionales: compensación por expectativas de vida más Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y Fondo Autónomo de Protección Previsional. Y tercero, con aportes fiscales que desde el año 2036 alcanzarán los 15 millones de UTM. Se proyecta que el saldo del Fondo supere los 10 puntos del PIB a partir del año 2050 y que superará los 15 puntos del PIB en el año 2080.

Realizados ejercicios para medir la sostenibilidad del Fondo en cuatro de sus variables se determinó que es sostenible y cuenta con los mecanismos de mitigación para realizar los ajustes necesarios frente a eventos imprevistos.

“El mayor gasto fiscal, principalmente asociado al alza graduales de la PGU, el aporte fiscal al Fondo Autónomo de Protección Social y los incrementos de cotización se mantienen dentro de los niveles considerados en la planificación financiera fiscal de mediano plazo. Eso incluye los ingresos fiscales actuales, los que están en leyes que ya se han aprobado y que van a ir rindiendo en los próximos años, incluyendo los recursos provenientes de la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias. Este diseño permite aumentar responsablemente las pensiones actuales y futuras sin comprometer la sostenibilidad fiscal”, agregó Marcel. 

Efectos en la economía

La autoridad también detalló aquellos aspectos de gradualidad que mitigan los impactos laborales, entre ellos, la gradualidad de 9 años, para darle tiempo al mercado laboral de absorber las diferencias sin una disrupción;  beneficio por año de cotización, mirado como un componente pro-empleo que fomenta mayor actividad formal; y el llamado Bono Tabla, que también crece con mayor tiempo de cotización; sumado al mayor ahorro y la profundidad en el mercado de capitales que trae aparejada.