Senado aprueba proyecto de Royalty a la Gran Minería e iniciativa pasa a tercer trámite a la Cámara de Diputadas y Diputados
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó el diálogo y acuerdos alcanzados en la Cámara Alta, manifestando que la aprobación de esta iniciativa permitirá terminar con la incertidumbre que ha rodeado a la inversión minera durante los últimos años.
El proyecto establece una nueva tributación para la minería y destina US$ 450 millones para el desarrollo productivo de las regiones y comunas del país.
La Sala del Senado aprobó hoy, por amplia mayoría, el proyecto de Royalty a la Gran Minería, iniciativa que forma parte de la Reforma Tributaria del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Cabe recordar que, en julio de 2022, el Ejecutivo ingresó una serie de indicaciones al proyecto que se tramitaba en la Cámara Alta, estableciendo una nueva tributación que permitirá aumentar el aporte del sector a los ingresos fiscales y destinar una parte de la recaudación (US$ 450 millones) al desarrollo productivo de las regiones y comunas del país.
Ahora, tras finalizar su tramitación en el Senado, el proyecto pasará a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, la cual debe confirmar si acepta los cambios realizados por el Senado a la iniciativa.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, agradeció a los parlamentarios el trabajo realizado durante los diez meses de tramitación del articulado en las comisiones de Minería y Energía, y de Hacienda, destacando los diversos cambios que se consensuaron para viabilizar su avance y la firma de un Protocolo de Acuerdo con compromisos adicionales que se sumarán en la Ley de Presupuestos 2024 y 2025, en el proyecto de "Regiones Más Fuertes" (o Rentas Regionales) y en el fortalecimiento de la coordinación entre instituciones ligadas a la producción minera.
"Una comuna rural en Chiloé va a poder participar de la riqueza de las rentas del cobre que se explota en el norte del país. Esto es muy importante para reflejar el hecho de que los minerales del subsuelo son una riqueza del país en su conjunto y que, en primer lugar, tiene que ayudar a subsanar o compensar los costos que tiene la actividad minera en las comunas donde se desarrolla. Pero, por otro lado, debe apoyar a las comunas del país que son más dependientes del Fondo Común Municipal, porque tienen una menor base económica” dijo el ministro.
Y agregó que “también se ha trabajado con la industria, con las organizaciones del sector, y eso ha permitido tener un proyecto innovativo, pero, al mismo tiempo, prudente y que ha logrado equilibrar en buena medida la participación en las rentas provenientes de la minería para el país y mantener un clima favorable a las inversiones en este sector. La aprobación de este proyecto va a permitir terminar con la incertidumbre que ha rodeado la inversión minera durante los años en que se ha estado discutiendo. Han sido cuatro años y en la medida que tengamos una ley aprobada vamos a poder levantar toda esa incertidumbre y, por lo tanto, abrir espacio a muchos proyectos de inversión que están esperando que haya claridad sobre esta materia”.
En tanto, la ministra de Minería, Marcela Hernando, resaltó el diálogo transversal que permitió la aprobación del proyecto. "El intercambio de ideas permitió perfeccionar esta propuesta que potencia y beneficia a las regiones y sus territorios. Estamos comprometidos con la descentralización del país, el camino al desarrollo debe estar aparejado de justicia territorial y a eso justamente apunta este proyecto. De este modo la minería aporta al desarrollo de los territorios. Seguiremos avanzando en esta línea".
Mientras que la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, destacó la disposición del Senado para despachar, con apoyo transversal, este importante proyecto, “el que permitirá que las regiones cuenten con mayores recursos, avanzando en una descentralización efectiva y mayor equidad territorial. Esperamos que prontamente se convierta en ley y así le demos una buena noticia a los vecinos y vecinas de las distintas regiones de Chile”.
Finalmente, el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo, comentó que “mediante esta iniciativa estamos avanzando en descentralización fiscal al inyectar nuevos recursos a gobiernos regionales y comunas de menores ingresos propios. Este proyecto es fruto de un diálogo fructífero en el Senado y esperamos que su discusión continúe de manera expedita en la Cámara de Diputadas y Diputados. Las autoridades subnacionales, gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas están muy expectantes de su pronta tramitación, dado que se traduce en una inyección de más de US$ 450 millones para mayor autonomía financiera para las regiones y comunas de nuestro país”.
Principales aspectos del proyecto
El proyecto de Royalty a la Gran Minería entraría en vigencia en 2024 y entre los principales aspectos regula el componente del impuesto específico o Royalty sobre el margen minero para aquellos explotadores mineros cuyas ventas provengan en más de un 50% de cobre y posean ventas por más del equivalente a 50 mil toneladas métricas de cobre fino (TMCF). Se establece un esquema de tasas de entre 8% y 26% en función del Margen Operacional Minero (MOM) y se considerará la depreciación y los gastos de puesta en marcha en el cálculo de los costos.
En el caso de los explotadores mineros que produzcan menos de 12 mil TMCF mantendrán la exención del pago de un Royalty Minero. Aquellos que se ubican entre 12 mil y 50 mil TMCF seguirán con su actual régimen de tasa progresiva de entre 0,5% y 4,5% de su producción anual. Y para aquellos con ventas mayores a 50 mil TMCF, pero que producen más de un 50% de minerales distintos al cobre, quedarán sujetos a una tasa marginal de entre 5% y 15%, según el margen operacional minero.
Adicionalmente, al igual que otras jurisdicciones mineras, se fija un impuesto ad valorem de 1% para aquellas empresas mineras cuyas ventas superen las 50 mil TMCF, excluyendo de esta forma a la pequeña y mediana minería. Y en los casos en que la firmas tengan un resultado operacional negativo (RIOMA negativa), no procederá el pago de este componente.
Otro elemento que se estableció en la iniciativa fue una carga tributaria potencial máxima diferenciada: de 46,5% sobre la renta imponible operacional minera ajustada (RIOMA) para aquellas mineras que produzcan más de 80 mil toneladas métricas de cobre fino (TMCF); y de 45,5% para las empresas que produzcan entre 50 mil y 80 mil TMCF. La carga tributaria potencial máxima establece el techo que pagarán las grandes mineras en tributos, considerando conjuntamente el pago del impuesto específico o royalty, el impuesto de primera categoría y los impuestos finales (adicional).
Finalmente, el proyecto destina parte de la recaudación a las regiones y municipios del país, adicionales a los que actualmente reciben y por un período de diez años, a través de la creación de tres fondos que suman US$ 450 millones:
- Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones a beneficio de los Gobiernos Regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
- Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$ 170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total, más de 309 municipios recibirán recursos por esta vía.
- Fondo Comunas Mineras, por US$ 55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros, lo que fue precisado vía indicación. En total son 32 comunas beneficiadas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.