“Si bien el estudio de brecha de cumplimiento tributario en Chile, elaborado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) durante 2023, no es parte propiamente del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal, sí es un insumo relevante para entender la real necesidad de avanzar a un mayor cumplimiento tributario. El objetivo de este informe fue estimar la brecha tributaria, entendida como la diferencia entre lo que el Estado debería recaudar de acuerdo con la letra y espíritu de las leyes vigentes y lo que efectivamente se recaudó en el periodo 2018-2020 respecto del IVA y del Impuesto de Primera Categoría”, explicó la subsecretaria de Hacienda Heidi Berner en la apertura de un seminario en que se analizó dicho informe.

En la actividad —organizada por el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información y el Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile— hizo comentarios iniciales el decano José De Gregorio y expusieron Michel Jorratt, autor del estudio, y Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal, y el académico de la FEN Pablo Gutiérrez.

Berner advirtió que este informe técnico “no busca legitimar ni respaldar las medidas del proyecto de ley de cumplimiento de las obligaciones tributarias, puesto que no existen dudas sobre la presencia de la evasión, elusión e informalidad en nuestro sistema tributario. Muestra de esto es que hace pocas semanas se reveló un fraude tributario cercano a $240.000 millones, con más de 100.000 facturas falsas”. Llamó a entender el informe como un antecedente que contribuye a iniciar un proceso transparente y en línea con las recomendaciones y estándares internacionales, que dé cuenta de un análisis continuo y comparable de la brecha de cumplimiento tributario respecto de los principales impuestos del sistema tributario nacional, cuestión que actualmente no ocurre. Además, destacó la transparencia con la cual se ha realizado la entrega de los resultados, los que fueron presentados en la mesa con representantes de los partidos políticos y en otras instancias.

También explicó que las modificaciones en materia de combate a la planificación tributaria agresiva internacional que están siendo incorporadas en el Proyecto de Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, que se presentará la próxima semana, van en línea con las últimas recomendaciones de los planes de acción de BEPS (Base Erosión and Profit Shifting), así como del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Propósitos Fiscales. “El trabajo desarrollado en estos espacios de colaboración internacional da cuenta de la importancia de aplicar herramientas como el levantamiento del secreto bancario para el combate a la evasión fiscal”, dijo.

Alcances del Pacto

Berner recordó que el 20 de diciembre, el Ministerio de Hacienda dio a conocer el texto del “Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal”, resultado de más de cuatro meses de trabajo que incluyeron sobre 15 sesiones con los representantes de los partidos políticos, similar cantidad de reuniones con asociaciones de pymes y otras con diversos actores de la sociedad.

Este busca conducir al país hacia una nueva etapa de desarrollo, reuniendo un conjunto de iniciativas para movilizar recursos desde el ámbito de las políticas públicas, ofrecer incentivos y generar más certezas, para responder a las necesidades prioritarias de las personas en un marco de mayor eficiencia y transparencia del Estado, crecimiento sostenido y responsabilidad fiscal.

“Este Pacto es el ejercicio más comprehensivo de articulación de una agenda de reformas fiscales, económicas e institucionales en muchos años. Su implementación efectiva requerirá de una clara asignación de responsabilidades y una articulación del proceso legislativo, y —por sobre todo— de un compromiso de las fuerzas políticas para asignarles prioridad a los proyectos que se proponen al Congreso Nacional”, afirmó la subsecretaria.

Para acompañar este proceso de dialogo se encargó un estudio a la OCDE a fin de determinar las holguras fiscales potenciales a través de una mayor eficiencia del Estado; y se conformó un comité de expertos, la Comisión Marfan, para que analizara las medidas procrecimiento contenidas en la propuesta de Pacto. El resultado de ambos estudios da cuenta de la necesidad de incrementar los ingresos estructurales en 0,6% del PIB para financiar el aumento de la PGU, más seguridad y medidas de cuidado, entre otras, manteniendo la responsabilidad fiscal.