La ministra (s) de Hacienda, Heidi Berner, abordó el rol que tendrá la Agencia de Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad en la mejora de las regulaciones en el lanzamiento de la “Estrategia Regulatoria Integral para Chile”, organizado por el Gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El especialista en Modernización del Estado del BID, Sebastián López, expuso el documento “Estrategia de Política Regulatoria en Chile 2025”, elaborado por el organismo multilateral, que contiene un análisis sobre la evolución y estado actual de los marcos regulatorios y recomendaciones para mejorar la competitividad del país. Luego, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, detalló la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, en proceso de promulgación; y Heidi Berner expuso el PDL que crea la Agencia de Calidad de Políticas Públicas y Productividad. Posteriormente, se realizó un panel de discusión integrado por la Senadora Ximena Rincón; Sebastián López; Carola Venegas, gerenta de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Conexión Kimal Lo Aguirre; y el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), Rodrigo Krell, que debatió sobre los desafíos que surgen a estas iniciativas nacionales de mejora regulatoria.

Berner recordó que el documento “Pacto Fiscal” generado a partir del dialogo con distintos sectores políticos, con el sector privado y la sociedad civil, puso en el centro el crecimiento económico; y se identificaron propuestas, algunas de índole más administrativo y otras legislativas, que se incluyeron en un acuerdo de fast track legislativo de 21 proyectos de ley. Uno de ellos, el de permisos sectoriales, que recién esta semana terminó su trámite legislativo y que detalló el ministro Grau. Otro es el que crea la Agencia Calidad de Políticas Públicas y Productividad, que se ha incorporado en los programas de gobierno desde el primer período de la Presidenta Bachelet con distintos énfasis. Pero si bien se han ido cerrando brechas con otras entidades que evalúan de manera sistemática, no hemos logrado una institucionalidad que evalúe el impacto regulatorio, la que será una de las funciones de la Agencia en el proyecto que esta administración tramita en el Congreso”.

Luego explicó que la Agencia propuesta al Congreso “es un organismo técnico especializado que contribuirá a que la implementación de la política regulatoria tenga un enfoque más integral, menos atomizado, ya que contará con atribuciones para incidir en el marco regulatorio del país bajo estándares uniformes, altamente técnicos y con una mirada sistémica”. Dentro de sus funciones están la promoción de buenas prácticas regulatorias y ejercer funciones rectoras en el proceso de evaluación de impacto regulatorio ex ante, fijando estándares, guías metodologías y procedimientos bajo los principios de proporcionalidad, responsabilidad y transparencia e innovación.

También deberá proponer al Presidente/a de la República la derogación expresa de aquellas leyes o decretos en desuso, obsoletas, inconsistentes o que hayan sido tácitamente derogadas por leyes posteriores (stock normativo), velando así por la simplificación normativa, en pro de un “marco jurídico y regulatorio consolidado, estable y transparente”, tal como recomienda el documento del BID.

La Agencia tiene la atribución de efectuar consultas públicas y estudios conducentes a establecer evaluaciones y mejoras continuas en materias regulatorias del país, comunicando, tal como señala el mismo documento, “los beneficios de las políticas regulatorias a todos los actores del sistema”.

Otras funciones están relacionadas con la evaluación ex post que hoy realiza, guiada por un Plan Anual de Evaluación que se consulta a ministros(as) de Hacienda, Segpres, Minecon, MDSF y Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso; la implementación de buenas prácticas regulatorias y evaluación de impacto regulatorio ex ante mediante el ejercicio de funciones rectoras, definición de estándares, guías metodologías y procedimientos guiados por los principios de proporcionalidad, responsabilidad y transparencia e innovación.

Además, asume funciones actuales de la CNEP en materia de recomendaciones sobre problemas públicos y productividad, pudiendo gatillar por sí misma estos procesos. Deberá publicar un informe anual sobre productividad y acompañar a organismos responsables en la elaboración de planes de mejora para acoger recomendaciones que emanen de evaluaciones ex post y hacerles seguimiento.

Finalmente la ministra (s) de Hacienda resumió el estado legislativo del proyecto de ley: “Hoy está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Hacienda del Senado. Ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, donde no hubo grandes observaciones respecto de su contenido excepto a la gobernanza, centradas en cuál es el cuerpo colegiado más adecuado. Esperamos prontamente continuar con su discusión. Lo importante es que es una institucionalidad que no genera burocracia per se, pues se constituye sobre la base de la actual Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) y asume funciones y equipo de la Dirección de Presupuestos en evaluación ex post de programas; de esta forma recoge los aprendizajes de ambas instituciones; eleva el estándar y la auditoría a la evaluación regulatoria”.