Presupuestos 2025: Ministerio de Hacienda crece 2,3% con foco en fiscalización recaudatoria, comercio en fronteras y modernización del Estado
Subsecretaria Heidi Berner expuso en dos sesiones los lineamientos estratégicos de la cartera para el próximo ejercicio presupuestario ante la Primera Subcomisión Mixta de Presupuestos.
La Primera Subcomisión Mixta de Presupuestos —presidida por la senadora Ximena Rincón e integrada por los senadores Juan Antonio Coloma y Alfonso De Urresti, el diputado Felipe Donoso y la diputada Camila Rojas— terminó de ver, en una segunda sesión, la partida del Ministerio de Hacienda en el marco de la tramitación legislativa del proyecto de ley de Presupuesto de la Nación para 2025, que crece 2,3%. La votación quedó pendiente dado que al cierre de la sesión no hubo quorum.
La subsecretaria Heidi Berner expuso ante esta instancia los lineamientos estratégicos del gasto de la cartera y sus servicios relacionados y dependientes para el próximo año, agrupados en los siguientes énfasis programáticos:
Fiscalización a los contribuyentes y mayor recaudación, que se incrementa en 1,4%, variación equivalente a $4.516 millones, con énfasis en el fortalecimiento institucional de los servicios encargados de estas materias, priorizando reforzamiento de dotación, carrera funcionaria (movilidad) y profesionalización; además de la continuidad y evolución operativa de las plataformas tecnológicas.
Control del comercio en fronteras (+3,7%, equivalente a un adicional de $4.144 millones) en el marco del Plan Nacional de Pasos Fronterizos se incorporan recursos para aumentar las capacidades en los pasos fronterizos de Chacalluta, Chungará, Colchane, Los Andes, Osorno y Punta Arenas para atención 24/7. Además, se incluyen operadores y operadoras para nuevos camiones escáner y recursos para dos camiones escáner para las regiones de Antofagasta y Valparaíso.
Modernización del Estado (+5,3%, equivalente a $953 millones adicionales). En este ámbito, los recursos se destinan principalmente a dirigir y coordinar iniciativas sectoriales e intersectoriales de transformación enmarcadas en la Agenda de Modernización 2022-2026, con foco en plataformas transaccionales que habilitan la entrega de servicios de calidad e integrales, la transformación digital del Estado con el objetivo de impactar en el aumento de la confianza de la ciudadanía en el Estado y sus instituciones. En la Secretaría de Modernización del Estado las transferencias corrientes aumentan 6,1% para continuar con el apoyo a proyectos entre los que destacan el que desarrolla con la Suseso y Compin para automatizar tramitaciones de licencias médicas; con Serviu, de planificación y sistemas; Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, Subsecretaría de Bienes Nacionales y Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, en materias como agilización de trámites y permisos de inversión. Por su parte, en la Secretaría de Gobierno Digital destaca el aumento de 9,3% para implementar la ley de Plataforma Integrada de Servicios Digitales, notificador del Estado y la casilla electrónica de notificaciones, entre otros.
A esto se debe agregar el aumento de 8,3% (equivalente a $1.409 millones) en el presupuesto de ChileCompra, que permitirá la implementación de la Ley N° 21.634 que moderniza las compras públicas, incluyendo nuevos procedimientos de compra que entran en vigencia en junio de 2025: economía circular, subasta inversa, contratos para la innovación y diálogos Competitivos. Asimismo, incorpora recursos para adquisición de nuevas tecnologías, mejor experiencia usuaria y mayor análisis de la información disponible.
Por servicios, los mayores crecimientos respecto de 2024, además de ChileCompra, corresponden a Aduanas (4,8%); Unidad Administradora de Tribunales Tributarios y Aduaneros (4,3%); Subsecretaría de Hacienda (3,9%); CMF (2,8%); Tesorería (2,7%) y Consejo de Defensa del Estado (2,1%).
El aumento del presupuesto de Aduanas respecto de 2024 se explica principalmente por 176 cupos adicionales para la atención de fronteras críticas (Los Libertadores en Los Andes, Cardenal Samoré en Osorno e Integración Austral y San Sebastián en Punta Arenas) y contrataciones para la operación del equipamiento TNI nuevo, entre otros ítems.
En el caso de Unidad Administradora de los TTA, el aumento se explica por la entrada en vigencia de la ley N°21.634, que Moderniza las Compras Públicas, que establece que será esta Unidad la entidad responsable de la gestión administrativa del Tribunal de Contratación Pública. Por ello se contemplan recursos para el funcionamiento de dos tribunales, lo que incluye remuneraciones, adecuación de las instalaciones, habilitación de una segunda sala de audiencias, adquisición de 29 equipos computacionales y servicios informáticos para la tramitación de causas.
Entre las novedades que presenta el presupuesto de la Secretaría y Administración General de Hacienda están el aumento de 15,6% en el subtítulo Bienes y Servicios de Consumo ($397,9 millones), de donde se destinarán recursos para financiar el gasto de la realización en Chile de la Asamblea de Gobernadores del BID y BID Invest 2025 ($134 millones), en marzo. También se incluyen $198 millones para financiar la contratación de un servicio de encuesta masiva a comercios (Test del Turista), iniciativa del Comité para la Fijación a las Tasas de Intercambio. Adicionalmente, el Consejo Fiscal Autónomo experimenta un alza de 20,7% en atención a la implementación de la Ley N° 21.683 que “promueve la responsabilidad y transparencia en la gestión financiera del Estado”, que implica un mayor gasto en dietas de las y los consejeros.
Por su parte, la Comisión para el Mercado Financiero incorpora recursos para la aplicación de las leyes Resiliencia del Sistema Financiero y sus Infraestructura (N° 21.641) y la que adopta Medidas para Combatir el Sobreendeudamiento ( N° 21.673).
El presupuesto de Tesorería considera un aumento para operar con la dotación autorizada y financiar ascensos y concursos de planta, para potenciar la movilidad y retención de talento.
En el caso del Consejo de Defensa del Estado, el incremento se explica por el fortalecimiento de la Unidad Especializada en Corrupción de Alta Complejidad y Comiso, para hacer una mejor defensa y protección de intereses patrimoniales y no patrimoniales del Estado.