La subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, expuso ante la Primera Subcomisión Mixta de Presupuestos la ejecución presupuestaria al 31 de julio del Ministerio de Hacienda (Partida 08), la que promedió 63,9%, en línea con el 65,1% registrado a igual fecha de 2023 y con el período transcurrido del año. Este guarismo considera a los siete programas presupuestarios de la subsecretaría —Secretaría y Administración General, Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, Consejo Sistema Integrado de Comercio Exterior, Secretaría de Modernización, Exportación de Servicios, Laboratorio de Gobierno y Gobierno Digital— más los 11 servicios relacionados y dependientes: Dirección de Presupuestos (Dipres), Servicio de Impuestos Internos (SII), Servicio Nacional de Aduanas, Tesorería General de la República (TGR), Dirección de Compras y Contratación Pública (ChileCompra), Dirección Nacional del Servicio Civil, Unidad de Análisis Financiero (UAF), Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), Consejo de Defensa del Estado (CDF), Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y Defensoría del Contribuyente (Dedecon).

La Primera Subcomisión Mixta de Presupuestos es presidida por la senadora Ximena Rincón y la integran los senadores Juan Antonio Coloma y Alfonso De Urresti;  el diputado Guillermo Ramírez (reemplazado por Felipe Donoso en esta sesión) y la diputada Camila Rojas.

Berner explicó que “por la naturaleza de las labores del Ministerio de Hacienda, la mayor parte de su presupuesto corresponde a gasto en personas”. También detalló que el presupuesto de la Subsecretaría incluye una serie de transferencias para el funcionamiento de instituciones como el Consejo Fiscal Autónomo (CFA); la Comisión Nacional de Productividad (CNEP); el Consejo Superior de la Hípica; la Comisión de Remuneraciones del artículo 38 bis; el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos; la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal; y la Oficina de la Misión de Chile en la OECD.

En esta primera sesión se alcanzó a exponer la ejecución presupuestaria de la Subsecretaría de Hacienda y sus siete programas, Dipres, Aduanas y la UAF.

Respecto de la Subsecretaría, por ejemplo, en el programa Secretaría de Modernización del Estado, el 23,5% ejecutado en bienes y servicios de consumo corresponde principalmente a $ 77,7 millones destinados a la encuesta anual Medición de Satisfacción Usuaria (MESU) 2023 y otros $ 47millones a MESU 2024; y $ 28,5 millones al Estudio de Modernización del Estado desde 1990 hasta la actualidad, solicitado por el Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado. El 53,4% de transferencias corrientes ejecutadas corresponde a convenios de colaboración y cofinanciamiento para proyectos de modernización suscritos en años previos con organismos como la Dirección de Educación Pública, Subdere, Suseso y Minvu, entre otros.

En la Secretaría de Gobierno Digital, el 36,2% del presupuesto vigente ejecutado al 31 de julio en bienes y servicios se concentró en pagos de servicios de nube, desarrollo de plataformas compartidas y ejecución de proyectos asociados a ciberseguridad. Para el segundo semestre proyecta la ejecución de $3.268 millones distribuidos en la continuidad de proyectos asociados a apoyo a municipios para la implementación de la Ley de Transformación Digital, proyectos de ciberseguridad, pago de servicios de nube (52% del presupuesto por ejecutar en este ítem), servicios de data center housing y hosting; renovación de licencias, desarrollo de plataformas asociadas a SIMPLE, mejoras del sitio Datos Abiertos y el portal ciudadano de Clave Única, principalmente. En cuanto a transferencias corrientes, en agosto correspondía materializar el aporte a la OCDE para apoyo a la definición de un modelo de identidad digital para Chile y para un proyecto de gobernanza de datos con el BID para las superintendencias del país. En la segunda parte del año adquirirá software y hardware para el fortalecimiento del Sistema de Firma Electrónica Avanzada.

Dipres —que incluye al programa Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (Sigfe)— presenta una ejecución de 75% al 31 de julio.

En Aduanas, la ejecución de 61,6% considera gasto en pago de viáticos por turnos en fronteras críticas y en la implementación de atención 24/7 en los puntos fronterizos de Arica (Chungará y Chacalluta) e Iquique (Colchane). También anota un mayor consumo de combustible por nuevos camiones escáner y gastos por servicio de traslado de funcionarios a fronteras críticas. En cuanto a adquisición de activos, el presupuesto 2024 casi duplica al del año anterior para este subtítulo debido a la adquisición de dos camiones escáner ($6.400 millones). La directora del servicio, Alejandra Arriaza, explicó que ambos vehículos equipados están en el proceso administrativo de entrega y certificación para su operación y se destinarán a las Aduanas de Valparaíso y Osorno (Paso Cardenal Samoré).

La UAF anota una ejecución presupuestaria de 52,5%. Al 31 de julio había girado el 98,4% de las transferencias corrientes para el pago de la membresía al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Mientras que la ejecución de 15,4% de los activos no financieros obedece a que la mayor concentración de gasto por este concepto se realizará durante el segundo semestre para la adquisición de TIC y el desarrollo de sistemas para la automatización de las consultas a sujetos obligados. En cuanto a bienes y servicios, para el segundo semestre tiene programada la ejecución de proyectos asociados a desarrollo informático y soporte data center.

Ante consultas sobre si la UAF ha levantado alertas en casos recientes de lavado de dinero y sobre los procedimientos para monitorear transacciones sospechosas, su director Carlos Pavez explicó que el Sistema de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo —del cual esta unidad forma parte— está integrado por un gran número de instituciones públicas y privadas. Y que el rol principal lo cumplen los cerca de 9.000 sujetos obligados de informar, entre ellos bancos y notarías. Recordó que las automotoras recién se incorporaron el año pasado a esta nómina, tras la promulgación de la llamada Ley Antinarco. “Nosotros hemos estado haciendo nuestro trabajo; varios de estos casos se iniciaron con informes de inteligencia de la UAF, como se ha reconocido públicamente. La ley establece que todo este proceso es secreto y a única institución a la cual le podemos entregar nuestras alertas y reportes es al Ministerio Público, que se encarga de investigar”, enfatizó.